Es el acuerdo básico al que llegamos entre todxs sobre el modo en que queremos convivir, estableciendo principios sobre lo que está permitido y lo que no, definiendo derechos y obligaciones para todxs, y distribuyendo y limitando el poder en una comunidad.
El pueblo, es decir, todxs nosotrxs, podemos ejercer el poder constituyente. Esto significa que el poder para crear una nueva constitución recae en todxs. Por eso se dice que el poder constituyente es originario, porque nace desde el pueblo y no se deriva de ninguna otra norma previa. Para materializar ese poder, algunos ciudadanxs son electos como representantes para redactar la constitución de todxs.
Más en concreto, la Constitución es la columna vertebral del Estado y la base para el desarrollo de todas nuestras leyes e instituciones. Cada regulación que gobierna la vida de las y los ciudadanos está en última instancia gobernada por la Constitución, ya que en ella se establece cuáles son las autoridades que pueden producir leyes, cuál es su procedimiento y cuáles son los límites de contenido que las leyes deben respetar.
La constitución es importante porque en ella definimos la forma en que queremos vivir juntxs. En ella definimos cómo canalizar nuestras demandas y resolver los conflictos y desacuerdos. Definimos las bases del Estado, sus deberes y su relación con los individuos y la comunidad. Una constitución crea las reglas del juego de una sociedad y es la guía para todas nuestras leyes e instituciones.
Aunque muchas veces no lo notemos, la Constitución puede afectar nuestras vidas, la de nuestros familiares, vecinas y vecinos. Esto lo veremos de forma más clara al profundizar en los distintos contenidos de una Constitución.
Nuestra Constitución actual, creada en 1980 durante la dictadura cívico-militar, consagró un modelo neoliberal y estableció ciertos mecanismos que hacen más difícil su modificación.
Así, muchas de las demandas por un mejor sistema de salud o pensiones, que se manifestaron con fuerza desde Octubre de 2019, no han tenido solución porque nuestra constitución no lo permite, o lo hace más difícil a través de esos mecanismos que dificultan su modificación, también denominados trampas o candados constitucionales.
Una nueva Constitución es un primer paso para encauzar las demandas que nos llevaron al estallido social de octubre. Una nueva Constitución no evita las injusticias ni resuelve todos los problemas de la sociedad, sin embargo, permite que establezcamos democráticamente las reglas que necesitamos para proteger nuestros derechos, limitar el poder y organizar las relaciones sociales, todo lo cual disminuye la posibilidad de esas injusticias.